Competencias administrativas en la celebración de espectáculos taurinos: análisis de la sentencia del TC sobre la prohibición de las corridas de toros en Cataluña

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Colaboración del pasado 18 de noviembre en el blog de Derecho de los Animales del Consejo General de la Abogacía Española:

Análisis de la Sentencia

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 20 de octubre de 2016, ha decidido (por ocho votos contra tres) estimar el Recurso de Inconstitucionalidad nº 7.722-2.010 y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nulo el artículo 1 de la Ley de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto (fruto de una Iniciativita Legislativa Popular), de modificación del artículo 6 del Texto refundido de la Ley de Protección de los Animales, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril.

Dicho artículo 6 en su primer párrafo establecía una prohibición general de uso de animales en peleas y espectáculos o en otras actividades si les pueden ocasionar sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratos antinaturales o bien si pueden herir la sensibilidad de las personas que los contemplan; en su segundo párrafo, ese artículo 6 incluía una lista de excepciones, entre las que se encontraban por un lado, las fiestas con toros sin muerte del animal (correbous) en las fechas y localidades donde tradicionalmente se celebran y por otro lado, la fiesta de los toros en las localidades donde, en la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, hubiera plazas construidas para su celebración (corridas de toros), a las que se prohibirá el acceso a las personas menores de catorce años. Es precisamente esta última excepción la que se suprimió con la Ley catalana de 2010 que ahora se declara inconstitucional.

El fundamento principal de la Sentencia del Tribunal Constitucional para considerar inconstitucional el artículo 1 de la ley catalana que “prohíbe” las corridas de toros (ya hemos dicho que no se trata de una prohibición de las corridas de toros sino de la derogación de una excepción a la prohibición general de celebración de espectáculos en los que s ele cause sufrimiento a los animales) radia en que dicha legislación autonómica invade la competencia del Estado en materia de cultura. El Constitucional viene a señalar que Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y también para proteger a los animales pero no para regular o disponer de la materia de cultura por encima de la competencia estatal.

El Tribunal reconoce que el precepto recurrido se inscribe tanto en el ámbito de la protección de los animales como en el de la regulación de los espectáculos públicos, materias ambas cuya competencia corresponde a la Generalitat, pero añade que en cualquier caso, el ejercicio de esas competencias por la Comunidad Autónoma ha de ser compatible con las otras que la Constitución reserva al Estado; por esta razón, dice el alto tribunal, la norma impugnada debe ser analizada desde el punto de vista la defensa del patrimonio cultural.

“No cabe duda”, asegura el Tribunal, de que la Comunidad Autónoma ostenta competencias en materia de policía de espectáculos, “reglamentación administrativa sobre los requisitos y condiciones que deben cumplir los espectáculos públicos para garantizar su libre desarrollo, así como la seguridad tanto de los ejecutantes como del público asistente”, que es diferente de la de seguridad pública atribuida por la Constitución al Estado. En consecuencia, el ejercicio de dicha competencia por la Comunidad Autónoma podría incluir “la facultad de prohibir determinado tipo de espectáculo por razones vinculadas a la protección animal”; ahora bien, reitera la sentencia, el ejercicio de dicha facultad por la Comunidad Autónoma “ha de cohonestarse con las que, en esa materia, estén reservadas al Estado, que no pueden verse perturbadas o menoscabadas”.

El Tribunal continúa analizando si la norma impugnada ha afectado a las competencias estatales en materia de cultura. En concreto, el art. 149.2 CE, que considera el servicio de la cultura como deber y atribución esencial del Estado y el art. 149.1.28 CE, que le atribuye la competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español. En materia de cultura, explica la sentencia, existe una “concurrencia de competencias” del Estado y las Comunidades Autónomas; competencias que han de dirigirse siempre a la “preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social” desde la instancia pública correspondiente. La doctrina constitucional ha señalado que al Estado corresponde la “preservación del patrimonio cultural común”.

El Constitucional señala el hecho “incontrovertido” de que “la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país”; asimismo, explica que las corridas de toros “son una actividad con múltiples facetas o aspectos que explican la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en su regulación” dado “su complejo carácter como fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial”. Como “una expresión más de carácter cultural”, las corridas de toros “pueden formar parte del patrimonio cultural común que permite una intervención del Estado dirigida a su preservación ex art. 149.2 CE”.

Conclusiones de la Sentencia

En el ejercicio de esas competencias, derivadas del citado art. 149.2 CE, el Estado ha dictado un conjunto de normas a través de las cuales “ha declarado formalmente la Tauromaquia como patrimonio cultural”. La sentencia recuerda que la dimensión cultural de las corridas de toros, presente en la ley desde 1991 y mencionada por el Tribunal Supremo en 1998, se ha potenciado después con la aprobación de Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia y Ley 10/2015 para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Estas dos últimas normas – que fueron dictadas con posterioridad a la aprobación de la ley autonómica objeto del presente recurso – y que no han sido recurridas ante este Tribunal, expresan una actuación legislativa “dirigida específicamente a la preservación de la manifestación que son las corridas de toros”.

            Encontramos en la Sentencia una explicación sobre lo que ha de entenderse por el deber constitucional que los poderes públicos tienen de “garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio cultural” (art. 46 CE), matizando que el legislador autonómico goza de libertad en la “interpretación de los deseos u opiniones que sobre esta cuestión existen en la sociedad catalana a la hora de legislar en el ejercicio de sus competencias sobre espectáculos públicos” pero esas diferencias de interpretación “han de manifestarse de modo conforme al orden constitucional de distribución de competencias (…), de manera que no pueden llegar al extremo de impedir, perturbar o menoscabar el ejercicio legítimo de las competencias del Estado en materia de cultura. Nada impide que la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de su competencia sobre ordenación de espectáculos públicos, pueda “regular el desarrollo de las representaciones taurinas”; o pueda, en materia de protección de los animales, “establecer requisitos para el especial cuidado y atención del toro bravo”, tampoco tiene la obligación de “adoptar medidas concretas de fomento en relación a las corridas de toros”. Pero la prohibición recurrida “menoscaba por su propia naturaleza el ejercicio de una competencia concurrente del Estado (art. 149.2 CE), que responde también al mandato constitucional del art. 46 CE”.

“El respeto y la protección de la diversidad cultural ‘de los pueblos de España’ que deriva del citado artículo 46 CE, y que no es sino manifestación de la diversidad propia de nuestro Estado autonómico, parte precisamente de la imposibilidad de prohibir, en una parte del territorio español, una celebración, festejo, o en general, una manifestación de una arraigada tradición cultural -si su contenido no es ilícito o no atenta contra otros derechos fundamentales-”. Se trata, por el contrario, afirma la sentencia, “de garantizar que aquellas tradiciones implantadas a nivel nacional se vean complementadas y enriquecidas con las tradiciones y culturas propias de las Comunidades Autónomas”.

Competencias administrativas

Al contrario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas que sí disponen de sus propios reglamentos taurinos (sirva de ejemplo el Decreto 68/2006, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamente Taurino de Andalucía), en Cataluña no existe normativa autonómica específica (dejando al margen la Ley 34/2010, de 1 de octubre, de regulación de las fiestas tradicionales con toros de Cataluña, correbous) de modo que ha de acudirse a la legislación estatal al efecto, que se concreta en la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos y el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos.

En dicha normativa estatal se dispone previamente que: Las menciones hechas a los Gobernadores civiles en este Reglamento se entenderán realizadas a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de espectáculos públicos. Asimismo, las menciones hechas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este Reglamento se entenderán realizadas a las fuerzas policiales propias o dependientes de las Comunidades Autónomas.

En materia de Espectáculos Públicos la competencia correspondía en la Comunidad Autónoma de Cataluña, hasta la última corrida de toros que se celebró (marzo de 2011), al Departamento (o Consejería) de Gobernación de la Generalitat de Catalunya, en concreto a sus Servicios Territoriales del Juego y de Espectáculos en cada provincia o región, pero a partir de 2011 se ha cedido esta materia por reorganización de competencias, a la Secretaría General del Departamento (o Consejería) de Interior de la Generalitat de Catalunya.

La normativa taurina (por lo que a Cataluña respecta) únicamente exige para la celebración de espectáculos taurinos en plazas de toros permanentes un deber de comunicación por escrito al órgano administrativo competente y, en todo caso, al Gobernador Civil (Subdelegado del Gobierno) de la Provincia, por los organizadores o promotores de los mismos con la antelación mínima y en la forma y términos que reglamentariamente se determine. Junto con la comunicación se acompañarán por el interesado los siguientes documentos:

  1. a) Certificación de técnico en la que se haga constar taxativamente que la plaza reúne las condiciones de seguridad precisas para la celebración del espectáculo.
  2. b) Certificación del jefe del equipo médico de la plaza de que la enfermería reúne las condiciones mínimas necesarias para el fin a que está dedicada.
  3. c) Certificación veterinaria de que los corrales, chiqueros, cuadras y desolladeros reúnan las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.
  4. d) Certificación del Ayuntamiento de la localidad en la que conste que la plaza esté amparada por la correspondiente licencia municipal.
  5. e) Copia de los contratos con los matadores o empresas que los representen y certificación de la Seguridad Social en la que conste la inscripción de la empresa y el alta de los actuantes.
  6. f) Certificaciones del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.
  7. g) Copia del contrato de compraventa de las reses.
  8. h) Copia de la contrata de caballos.
  9. i) Certificación de la constitución del seguro.

El órgano competente advertirá al interesado en el plazo de veinticuatro horas acerca de los eventuales defectos de documentación para la posible subsanación de los mismos. El órgano administrativo competente podrá, mediante resolución motivada, suspender o prohibir la celebración del espectáculo cuando la plaza o el espectáculo no reúnan los requisitos exigidos reglamentariamente o cuando se entienda que existen temores fundados de que puedan producirse alteraciones de la seguridad ciudadana. La resolución denegatoria será motivada, se comunicará a la empresa organizadora, a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de la localidad e indicará los recursos procedentes contra la misma, que, si se presentaren antes de la fecha prevista para la celebración del espectáculo, habrán de ser resueltos igualmente antes de dicha fecha.

¿Existe hoy obligación legal para Cataluña de permitir las corridas de toros?

Una vez vistas las competencias administrativas, el Gobierno de Cataluña, a través de su Departamento de Interior (Secretaría General), únicamente podría impedir la celebración de una corrida de toros en dos casos: el primero, si la documentación que le presente el empresario taurino fuera insuficiente o deficiente y el segundo, si se considera que existe temor fundado de alteración del orden público, en ambos casos – en el primero de forma más tasada y en segundo de forma más discrecional – se podría recurrir en vía administrativa y posteriormente en vía judicial contencioso-administrativa para atacar la resolución administrativa denegatoria, pudiendo exigir sin problema el promotor taurino daños y perjuicios si se acreditara que o bien la documentación era suficiente y válida o bien si se demuestra que no existían motivos para temer una alteración del orden público.

No obstante lo dicho, la realidad deja poco margen para la celebración de nuevas corridas de toros en Cataluña por los siguientes motivos:

– Hoy en día tan sólo quedan cuatro plazas de toros construidas de obra en pie en toda Cataluña (Olot, Tarragona Figueras y Barcelona) y rige desde la Ley 3/1988 una prohibición (esta sí constitucional) de construir nuevas plazas de toros y de celebrarse corridas en plazas de toros portátiles.

– Barcelona se declaró en abril de 2004 como municipio antitaurino contrario a las corridas de toros y en favor de los derechos de los animales mediante declaración institucional del Consejo Plenario del Ayuntamiento. A pesar de que esta decisión no es vinculante ya que la competencia sobre este tema es autonómica sí es cierto que el Ayuntamiento interviene en el procedimiento a la hora de valorar la concesión o revocación de la licencia de actividad de la plaza de toros, siempre con la posibilidad de recurrirse cualquier decisión administrativa al respecto, pues seguimos encontrándonos en un Estado de Derecho.

Foto: Flickr

PRIMER ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS DELITOS DE MALTRATO Y ABANDONO DE ANIMALES

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Reproducimos la colaboración en la revista Testigo de Cargo de David Sánchez Chaves, Presidente del Grupo Especializado de Derecho Ambiental y Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, abogado y Técnico Superior en Gestión del Medio Natural.

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Con la “Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal” – que entró en vigor el día 1 de julio del pasado año 2015, cumpliéndose ahora un año exacto de su vigencia – se modificó el delito de maltrato animal (artículo 337 del Código Penal) y se introdujo un nuevo artículo, el 337 bis, incluyendo el delito de abandono de animales, elevando así a la categoría de delito lo que hasta ese momento sólo alcanzaba el nivel de falta, recogida en el antiguo artículo 631 del Código Penal, que a su vez quedó suprimida.

En el Preámbulo de la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se explica que se suprime – entre otras faltas – la que en aquel momento se hallaba tipificada en el apartado 1 del artículo 631 (suelta de animales dañinos), pues se trataba de conductas que ya son objeto de corrección suficiente -y quizá más adecuada – por el Derecho administrativo sancionador (leyes de protección animal de cada Comunidad Autónoma) y que pueden ser en todo caso objeto de sanción penal únicamente en los casos más graves en los que se llegara a causar daños reales, hemos de entender que en el caso de que el animal que se lleve suelto o que se suelte termine por causar o producir unos daños materiales concretos y cuantificables, el responsable de dicho animal sería autor de un delito de daños.

Recordemos qua la anterior versión del artículo 631.1 del Código Penal, previa al 1 de julio de 2015, que regulaba el delito de suelta de animales dañinos (según redacción de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio), rezaba así: 631. 1. Los dueños o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.

En el mismo Preámbulo de la L.O. 1/2015 se continúa razonando que no se aprecian razones suficientes para justificar el mantenimiento de las infracciones penales previstas en el apartado 1 del artículo 631, pudiendo acudirse a la sanción administrativa o a otros delitos si finalmente se causan daños. En cambio, sí parece conveniente mantener como infracción penal el abandono de animales domésticos que castigaba como falta el apartado 2 del artículo 631 (Quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad serán castigados con la pena de multa de quince días a dos meses), que pasa a constituir, por decirlo así, un tipo atenuado del delito maltrato de animales del artículo 337 bis del Código Penal.

El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior (doméstico o amansado, de los que habitualmente están domesticados, que temporal o permanentemente vive bajo control humano o cualquier animal que no viva en estado salvaje) en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Comprobamos así que la condena prevista para el abandono de animales domésticos con peligro para su vida o integridad se modificó desde la leve multa de 15 días a 2 meses para elevarse hasta multa de 1 a 6 meses y posible inhabilitación especial de 3 meses a 1 año. Aquí encontramos una sensible mejora en la regulación.

Podemos considerar sin problema que si el “abandono con peligro para el animal” se materializa en lesiones para el animal – imaginemos una grave desnutrición provocada por el abandono – o incluso en la muerte del animal – si se logra acreditar la conexión entre el abandono y el fallecimiento – , el artículo aplicable ya no sería el 337 bis sino el 337, el de maltrato animal básico o agravado.

La reforma de julio de 2015 aprovechó, en este punto, para reforzar la protección de los animales mediante una definición de los que son objeto del delito que incrementa la seguridad en la aplicación de la norma, y una revisión de las conductas punibles, incluyendo la explotación sexual de animales, y de las sanciones aplicables a las mismas. Como novedad importante, además de las correspondientes penas de prisión o multa en función de la gravedad, se prevé la posibilidad de imponer las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Así las cosas, el antiguo artículo 337 del Código Penal, el delito de maltrato animal (El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales), pasó a tener la siguiente, más completa y novedosa redacción – recordemos que incardinado dentro del Capítulo IV.  De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, del Título XVI.  De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente – :

1. Tipo básico: Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento MALTRATE INJUSTIFICADAMENTE, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a

a) un animal doméstico o amansado,

b) un animal de los que habitualmente están domesticados,

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.

2. Tipo agravado: Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal.

b) Hubiera mediado ensañamiento.

c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.

d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

3. Resultado de muerte: Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

4. Tipo residual: Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros EN ESPECTÁCULOS NO AUTORIZADOS LEGALMENTE, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Desde el punto de vista punitivo las condenas del tipo básico se han mantenido iguales (prisión de 3 meses a 1 año, inhabilitación especial de 1 a 3 años), sin embargo se han añadido tanto un tipo agravado que permite la imposición de la mitad superior (de 7 meses y 15 días a 1 año de prisión, inhabilitación especial de 2 a 3 años), como un tipo con resultado de muerte (prisión de 6 a 18 meses, inhabilitación especial de 2 a 4 años). Se considera que en estos casos también se ha mejorado la regulación.

A pesar de la mejora, la nueva regulación que lleva con nosotros un año mantiene algunas lagunas que son manifiestamente mejorables y que quedan pendientes para una futura mejora legislativa. La primera de ellas es la referencia en el tipo básico al adverbio de modo “injustificadamente” para considerar que únicamente son punibles aquellos maltrataos que sean “injustificados”, dejando la puerta abierta a admitir social y penalmente algunos maltrataos sobre animales si tales maltratos son “justificados”.

La segunda de las lagunas la encontramos en el tipo residual, al referirse a maltratos ejercidos sobre animales en espectáculos no autorizados legalmente; de este modo el legislador ha obtenido dos logros: el primero de ellos ha sido salvar de la condena penal el maltrato animal si el mismo se lleva a cabo dentro de un espectáculo autorizado legalmente (para lo cual debemos acudir a la ingente legislación sobre espectáculos públicos, tanto de carácter autonómico como incluso municipal); el segundo de los logros ha sido beneficiar el maltrato animal – recordemos que la pena es únicamente multa de 1 a 6 meses – si se está produciendo al hilo de un espectáculo (sic.) aunque el mismo no esté autorizado legalmente; si bien es cierto que en este tipo residual no se exige la causación de lesiones en el animal. Queda así la duda de qué ocurriría si al animal víctima de maltrato en un espectáculo no autorizado se le causan lesiones, ¿es aplicable el tipo residual más específico pero beneficioso del apartado 4 o sería ya aplicable el tipo básico pero más severo del apartado 1 que sí habla de lesiones?

En cuanto a nuestra legislación autonómica de protección animal, en lo que al territorio andaluz se refiere, debemos acudir a la Ley (Andaluza) 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales (vigente desde el día 11 de diciembre de 2003), para cerrar la regulación sobre eventuales maltratos causados a animales domésticos, recogiendo las siguientes infracciones y sanciones, en ocasiones llegando a solaparse con la infracción penal:

Artículo 38. Infracciones muy graves. Son infracciones muy graves:

a) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.

b) El abandono de animales.

c) Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad.

d) Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el control de plagas.

e) El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador. […]

Artículo 39. Infracciones graves. Son infracciones graves:

a) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.

b) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.

c) No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa aplicable.

d) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.

e) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados o que se encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 4.1.n) de la presente Ley (de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, hembras que estén preñadas). […]

 

Artículo 41. Sanciones.

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de: […]

b) 501 a 2.000 euros para las graves.

c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.

De conformidad con lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como infracción.

2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, los órganos competentes podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:

a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos años para las muy graves.

b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la presente Ley, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves.

c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves.

d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves.

A modo de conclusión podemos afirmar que, al menos en Andalucía (y desgraciadamente en la mayoría de la Comunidades Autónomas), a la vista de su Ley de protección animal, si bien las sanciones no económicas sí son bastante contundentes (prohibición de tenencia de animales hasta 2 y hasta 4 años) todavía sigue saliendo demasiado “barato” maltratar a un animal, pues la sanción económica para el caso de causarle la muerte como consecuencia del maltrato podría ser de tan solo 2.001 euros y ello sin valorar el hecho de que el maltratador resulte ser una persona insolvente.

Lograr que los hechos alcancen el ámbito penal y no queden sólo en una cuestión administrativa es una tarea ardua y difícil, considerando que prácticamente en ningún caso nos encontraremos con particulares o asociaciones que deseen personarse como acusación particular con su abogado y procurador y en el caso de que se presente una mera denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente, la misma no podrá hacer otra cosa, en la mayoría de los casos, que terminar archivando el asunto si no se le han proporcionado pruebas suficientes para mantener el ejercicio de la acción penal (informes veterinarios, atestados policiales, reportajes fotográficos, testimonios, etc.) pues la Fiscalía no dispone a día de hoy de medios propios y suficientes para llevar de oficio una investigación exhaustiva.

Y esta es la regulación normativa del maltrato animal, la cual ha reflejado en este último año de vigencia desde la modificación penal una mejora destacable pero que todavía, a nuestro entender, sigue siendo insuficiente y ha de ampliar la protección de los animales domésticos, con los que cada vez más ciudadanos comparten su vida. La sociedad, en su devenir, será la que nos vaya demandando esas modificaciones.

Inauguración de las primeras jornadas sobre Derecho Ambiental y Animal

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El Colegio de Abogados de Granada ha acogido hoy la presentación del nuevo Grupo Especializado de Derecho Ambiental y Animal, constituido el pasado 29 de abril como el sexto creado en España sobre esta novedosa materia tras Barcelona, Tarragona, Madrid, Terrassa y Málaga.

“Es un privilegio para el Colegio de Abogados de Granada presentar este grupo por el impacto tan positivo que estamos seguros va a aportar tanto a los colegiados como a la sociedad de la que dependemos y a la que servimos”, ha asegurado el vicedecano de la institución, Leandro Cabrera Mercado, quien ha felicitado al presidente del Grupo Especializado de Derecho Ambiental y Animal, David Sánchez Chaves, y al resto de miembros de la Junta Directiva por su iniciativa.

Por su parte, Sánchez Chaves ha explicado que el grupo –que ya cuenta con 70 colegiados adscritos- surgió “como respuesta a la necesidad de cubrir las carencias de los abogados dedicados al Derecho Ambiental y Animal, una materia en la que la sociedad empieza a demandar profesionales más especializados como consecuencia del incremento de la sensibilización de la ciudadanía en estos temas”.

Para el inicio de su andadura, el Grupo Especializado en Derecho Ambiental y Animal ha contado con las ponencias de Ignacio Henares Civantos, conservador del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, y Sara Muñoz Cobo García, fiscal delegada de Medio Ambiente en Andalucía.

Henares Civantos ha impartido la ponencia ‘Marco normativo sobre los espacios naturales protegidos’, en la que ha abordado la gestión de estas áreas utilizando el caso singular de Sierra Nevada, parque natural, parque nacional y reserva de la biosfera. “En este ámbito se requieren profesionales cualificados y formados, más allá del voluntarismo, que tengan un conocimiento riguroso de la gestión de los espacios protegidos y creo que el nuevo grupo del Colegio de Abogados de Granada viene a llenar un hueco muy importante y será un elemento fundamental a partir de ahora”, ha comentado el conservador.

‘Organización y funcionamiento de las Fiscalías de Medio Ambiente. Ejemplos de delitos contra animales domésticos’ ha sido el título de la ponencia ofrecida por Muñoz Cobo García. La fiscal ha iniciado su charla explicando cómo operan estas fiscalías desde su creación en 2006, tratando a continuación el delito del maltrato penal, modificado tras la reforma operada en 2015, en la que se amplía el objeto material del mismo y se contemplan penas más severas, completando su exposición con casos prácticos de maltrato animal. “Estamos hablando de materias relativamente nuevas y, en este sentido, los letrados, al hilo también de una concienciación social mayor en relación con estos delitos, se están formando cada vez más, por lo que la constitución de un grupo especializado de este tipo obedece sin duda a ese afán de avanzar en la implicación de los abogados en la materia”, ha indicado la experta.

Además de la función formativa con la que se ha estrenado, el Grupo Especializado Ambiental y Animal se encargará de estudiar los problemas profesionales específicos en la materia, fomentar su intervención en los procesos de elaboración de la normativa, promover su participación en los aspectos que afecten al Patrimonio Natural de la Provincia de Granada o colaborar con otros organismos relacionados con la protección de la naturaleza o la defensa animal. En este sentido, la Junta Directiva ha aceptado la invitación del Consejo General de la Abogacía Española para participar en el nuevo blog de Derechos de los Animales creado por el organismo nacional.

Junto a Sánchez Chaves, la Junta Directiva del grupo está conformada por María José León García, como vicepresidenta; María del Carmen Carralcazar, como tesorera; Enrique Linares López, como secretario; y María José Arcas-Sariot Jiménez, María Isabel Almenzar Mariscal y Álvaro Cabello Martín como vocales.

 

Fuente: http://www.granadadigital.es/el-nuevo-grupo-de-derecho-ambiental-y-animal-del-colegio-de-abogados-de-granada-inicia-su-actividad-con-una-jornada-formativa/

Linares y Sánchez precursores del Grupo de Derecho Ambiental y Animal del Colegio de Abogados de Granada

Por | Derecho ambiental y animal, En portada | Sin comentarios

El nuevo Grupo Especializado de Derecho Ambiental y Animal, uno de los primeros constituidos en España sobre la materia, se incorpora a la red formativa del Colegio de Abogados de Granada, tras la proclamación de la única candidatura que ha concurrido al proceso electoral, celebrado el pasado 29 de abril.

“El grupo surge como respuesta a las inquietudes de los miembros de la Junta y a la mayor preocupación por parte de la ciudadanía en temas de protección medioambiental y animal con el objetivo de facilitar formación en estos temas”, ha explicado David Sánchez Chaves, presidente del nuevo Grupo Especializado que se suma a los creados en otros Colegios de Abogados.

Entre sus funciones, el Grupo Especializado Ambiental y Animal se encargará de estudiar los problemas profesionales específicos en la materia, impulsar acciones formativas y profundizar en temas jurídicos en esta área, fomentar su intervención en los procesos de elaboración de la normativa, promover su participación en los aspectos que afecten al Patrimonio Natural de la Provincia de Granada o colaborar con otros organismos relacionados con la protección de la naturaleza o la defensa animal.

Junto a Sánchez Chaves, la Junta Directiva del grupo queda conformada por María José León García, como vicepresidenta; María del Carmen Carralcazar, como tesorera; Enrique Linares López, como secretario; y María José Arcas-Sariot Jiménez, María Isabel Almenzar Mariscal y Álvaro Cabello Martín como vocales.

El Grupo Especializado de Derecho Ambiental y Animal, que cuenta en la actualidad con más de sesenta miembros, se encuentra ya trabajando para iniciar su actividad antes de agosto con una jornada formativa, e invita al resto de colegiados interesados en la temática a unirse al mismo o participar en los eventos que organice.

 

Fuente: http://www.abogacia.es/2016/05/04/el-icav-crea-una-nueva-seccion-de-derecho-de-los-animales/